Congreso no logró aprobar artículo 4° para penalizar el aborto en Veracruz

Jue, Mayo 6, 2010
Xalapa Ver.- Esta mañana el Pleno Legislativo vivió por unos momentos la división, cuando se sometió a votación reformar el artículo 4° de la Constitución Local para penalizar el aborto en el estado de Veracruz y garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.


Por falta de votos, los Grupos Legislativos del PRI y PAN no lograron aprobar dicha propuesta, que para ser turnada se requería el voto de las dos terceras partes de los diputados, es decir 34 sufragios a favor, pero sólo se obtuvieron 25, por lo que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Héctor Yunes declaró no aprobada esa reforma impulsada por las bancadas del PRI y PAN.

Legisladores de Convergencia, PRD, PT y la priista Dalia Pérez Castañeda, argumentaron que esa malograda reforma constitucional es retrograda porque automáticamente penalizaría el aborto, razón por la cual calificaron de “hipócrita” y exigieron que mejor se proteja a los niños que venden chicles en la calle, o que son víctimas de abuso sexual por sacerdotes, políticos y empresarios.

A más de 5 meses de que se aprobó en primera etapa por el Poder Legislativo y la mayoría de los 212 Ayuntamientos, el pleno de diputados sometió a votación, en segunda etapa, para que pudiera entrar en vigor la pretendida reforma constitucional que establecía la penalización del aborto, dado que obligaba al Estado “a garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.

De haberse aprobado esta reforma constitucional, se dejaría sin efecto la iniciativa enviada por el gobernador Fidel Herrera el pasado 17 de noviembre, que despenalizaba el aborto, por la reforma al articulo 150 del Código Penal del Estado, misma que establece dar tratamiento médico, psicológico y educativo a las mujeres que interrumpían un embarazo.

Estuvieron en la Tribuna legislativa los diputados convergentes Alfredo Tress y Sergio Vaca, la perredista Margarita Guillaumin, el petista Julio Chávez y la priista Dalia Pérez Castañeda.

En primer término, la diputada Guillaumin defendió que con esa reforma se condenaría a las mujeres a los abortos clandestinos y que la interrupción de un embarazo seguiría etiquetado como crimen y se promovería el mercado negro, porque criminalizaría y se pondría en riesgo a las mujeres más desprotegidas que se ven obligadas a esa práctica.

Además calificaría de hipócrita dicha legislación porque los diputados piensan en los no nacidos e ignoran a tantos niños que hoy sufren maltrato, que no tienen para comer y que se dedican a vender chicles en la calle, o que son víctimas de pederastas.

En su intervención, el convergente Alfredo Tress recriminó la contradicción del Congreso de Veracruz, toda vez que el año pasado con la reforma al Código Penal se despenalizó el aborto protegiendo a la mujeres, pero ahora se les dejaba en estado de indefensión.

Laura Flores/IMAGENVER

Amalia, del quinto de primaria al embarazo

A los 10 años fue víctima de abuso. A los 11 será madre. Ella es una de los 11 mil casos de embarazo en menores de edad

Natalia Gómez Quintero
El Universal
Jueves 22 de abril de 2010
natalia.gomez@eluniversal.com.mx

Le preguntó: ¿Tienes novio?, Amalia, acostada y con el vientre descubierto, contestó: “No, no tengo novio”. Entonces, ¿cómo es que estás embarazada?, le dijo la ginecóloga al hacerle el ultrasonido. “No, no estoy embarazada”, insistía la niña de 10 años.

Con el amplificador de sonido, los latidos del corazón del bebé de 14 semanas se empezaron a escuchar en la habitación. La madre de la menor, Zeida Morales Vázquez, quien se convertirá en abuela de 27 años, soltó el llanto. “Amalia ni se alegró, ni se puso triste, sólo me miraba”, cuenta Zeida desde Chetumal, en entrevista telefónica con KIOSKO.

Amalia, que el martes cumplió 11 años, es parte de las estadísticas que señalan que 17% del total de nacimientos en México se presentan en adolescentes.

Carlos Welti, demógrafo de la UNAM, refiere que, según las cifras recientes del INEGI, en 2008 se registraron 11 mil 530 nacimientos en niñas de 14 años o menos. “Es un cálculo conservador”, dice, pues no todos son registrados.

El shock de la noticia

El cuadro no es alentador. El pasado 17 de marzo Zeida se enteró del embarazo de su hija, unos días después denunció el abuso ante el Ministerio Público. “Me sentí enojada y decepcionada de mí, pero también del padrastro de mis hijos, porque Amalia lo señaló como el violador. Tuve mucha rabia pero he asistido a terapia, estoy más tranquila”.

Hoy a las 17 semanas de gestación, Zeida la próxima joven abuela ya se siente emocionada. Por un ultrasonido sabe que Amalia tendrá una niña, a la que han decidido llamar Alejandra.

“La espero como si fuera mi hija; además, la cuidaré. Ya está bien formadita. No dejó ver su sexo a la primera; metía su manita rapidito para taparse, pero cuando Amalia vio que esperaba una niña, se alegró bastante”, dice Zeida.

Los riesgos físicos

De acuerdo con la ginecóloga adscrita al Hospital General de México, María Eugenia González Morales, un embarazo en menores de 18 años implica riesgos debido que l a mujer no ha alcanzado el desarrollo óseo, ni la masa mineral máxima, y hay una relativa inmadurez del canal del parto.

Entre las complicaciones más frecuentes están la anemia, las infecciones bacterianas graves, el parto prematuro, el parto obstruido y prolongado, la desproporción céfalo-pélvica, la muerte fetal y la formación de fístulas recto-vaginales o cisto-vaginales.

“La mortalidad relacionada con el embarazo y el parto es de dos a cinco veces más alta en mujeres menores de 18 años de edad que entre las de 20 a 29”. Además, en etapas muy tempranas de embarazo o muy tardías puede haber desarrollo de síndromes como el Down.

A Zeida le dijeron que Amalia necesitaba comer muchas frutas, verduras y pescados, pues padecía un cuadro de anemia. Hace unos días los médicos le dieron el último reporte: su hija va muy bien y la nieta nacerá por cesárea.

No al aborto como salida

A pesar de esos riesgos, en la mente de Zeida nunca pasó el abortar como solución a lo que vive su hija. Ellas son originarias de la localidad de Rovirosa, municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, donde la cancelación del embarazo está permitido por violación hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, cuando se supo que Amalia estaba embarazada, ya tenía 14. Pero aunque hubiera llegado a tiempo para abortar, Zeida, como la tutora, se hubiera negado.

“Me dijeron que por la edad era un embarazo de alto riesgo, pero por mi mente nunca pasó deshacerme del bebé. Me dije, si ya esta embarazada hay que seguir adelante. No me gusta que las personas aborten porque en el vientre hay seres humanos que tienen derecho a vivir. Ya siento en mis brazos a la niña”.

A Zeida la buscaron los grupos feministas proaborto y los que están “a favor de la la vida”. Ambos, han expuesto públicamente su posición en el caso.

El Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer (CEFIM) aseguró que, de acuerdo con las consideraciones del director del Hospital Materno Infantil de Chetumal, Guilbert Canto Massa, no es médicamente recomendable cancelar el embarazo porque se pone en riesgo la vida de la menor.

“Incluso ni en el DF, donde es legal el aborto hasta la semana 12, sería posible cancelar el embarazo, pues una vez que pasa este lapso los riesgos de un aborto para una etapa muy avanzada son grandes” dijo el especialista consultado.

“Casi habíamos convencido a la mamá de llevarla al Instituto Nacional de Perinatología para suspender el embarazo“, dijo por su parte Gabriela Rojo Castillo, presidenta de la Fundación Pro Mujer Quintana Roo AC.

El abuso sexual

Pero además del desequilibrio fisiológico y psicológico que implica ser madre-niña, Amalia de 11 años, enfrentará las complicaciones emocionales del abuso, las que se agravan con la presunción de que su padrastro abusó de ella.

Según cifras del Unicef y de Salud estatal, en Quintana Roo prácticamente se triplican los casos de abuso sexual, junto a otras entidades. En 2009, 881 menores resultaron embarazadas por violación, y este año por ese motivo ya suman 458 los embarazos de adolescentes.

—¿Qué siente al saber que su pareja fue quien abusó de su hija?

—Es que no sabemos muy bien si es él o no; estamos esperando pruebas.

—¿Usted no le cree a su hija?

—Esta por dudarse. Tengo muchas dudas, pero no sé. Acabo de visitar en la cárcel a mi esposo y él dice que no le hizo nada a la niña, que no es culpable y que está dispuesto a hacerse una prueba de ADN para probar que es inocente.

No obstante, Zeida dice que quiere justicia para su hija y que pague la persona que responsable “sea quien sea”.

Según la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), la violencia sexual de menores se da en 6 de cada 10 niños, de los que 80% son atacados por conocidos o familiares.

Verenice Ortega, terapeuta de niños abusados sexualmente, asegura que para que Amalia lleve con buena salud mental su embarazo y maternidad, es necesario que se mantenga en terapia casi hasta los 15 años, pues además de que apenas está en el reconocimiento de su cuerpo y se le cortará su etapa de infancia y adolescencia, los niños violados siempre enfrentan un estigma social.

Cada que Zeida piensa en el abuso le da coraje. Intenta explicarse el momento en que la descuidó. No se siente tranquila y, además, el padre biológico de Amalia le echa la culpa por “irresponsable”.

El ciclo de la pobreza

Carlos Welti asegura que los embarazos en adolescentes se presentan en zonas marginadas, donde se reproducen las historias generacionales. Zeida tiene tres hijos: Amalia es la mayor y la tuvo a los 17 años. De acuerdo con la ONU, los embarazos en menores de 20 años perpetúan la pobreza, la falta de acceso a la salud y a la educación.

Pese a que Zeida está desempleada, cree que el futuro de su hija no está truncado. “Iba muy bien en la escuela, pero tuvo que dejar el quinto año. Cuidaré de ella y podrá seguir estudiando. No me preocupa el futuro, porque donde comen tres comen cuatro”.

Amalia vive en las instalaciones del DIF de Quintana Roo acompañada de una psicóloga. En ese lugar celebró su cumpleaños. Ahora no hubo muñecas para jugar. “Yo la miro y parece que sabe y entiende todo, pero tal vez lo toma como niña que es, como un juego”, dice la madre, quien reza para que el embarazo llegue a buen término.

Jornada contra la homofobia - Querétaro 2010

Conferencia y Homenaje

En las aulas se libra otra batalla por el aborto

CONCIENCIA. Mientras en la UNAM se aborda el tema del aborto desde la concepción de un estado laico, en otras casas lo plantean desde la objeción de conciencia
(Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Escuelas privadas enseñan que la cancelación del embarazo es un crimen; en la UNAM dicen que es un derecho de la mujer

Natalia Gómez Quintero
El Universal
Lunes 26 de abril de 2010
natalia.gomez@eluniversal.com.mx

Los profesores no podían ocultar su inconformidad. La aprobación hace tres años en el Distrito Federal de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta antes de las doce semanas de gestación los había hecho reaccionar de esa manera. Lo evidenciaban en clase ante sus alumnos de impecable bata blanca.

Elizabeth Santillán, de 23 años, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, recuerda la molestia de sus maestros. Esta escuela privada reconoce de manera abierta que impulsa “la defensa de la vida desde el momento de la concepción”.

“Como una institución que se fundamenta en una filosofía católico-cristiana, el respeto a la vida humana es esencial”, dice Pedro Argüelles Domenzain, director de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle.

Provida desde la academia

Los lasallistas no son los únicos que defienden esta postura, también lo hacen los profesores de la Universidad Panamericana, relacionada con el Opus Dei, y de la Anáhuac, vinculada a los Legionarios de Cristo. En las aulas de todas estas instituciones se hace énfasis en la ética personalista, que considera al ser humano como eje central de la vida.

Es a través de las materias de bioética y ética médica, donde los profesores llevan este planteamiento a los alumnos. “Está comprobado que la vida humana empieza desde la concepción. Estudios importantes en biología molecular hechos apenas hace cinco años dicen que el cigoto es un individuo que funciona en forma inicial. Esta afirmación puede que no sea muy comprensible para quienes no están en la ciencia”, dice María de la Luz Casas, jefa de bioética de la escuela de medicina de la UP.

La también consejera de la Comisión Nacional de Bioética deja claro que ella no impone razones morales en sus clases, sino argumentos científicos.

Para Nubia Andrea Ramírez, de 22 años, estudiante del octavo semestre de medicina en la UP, no hay dilema, pues la dignidad humana debe estar ante todo. “Estoy en contra del aborto pero no porque asista a una escuela de inspiración católica. Así pensaba incluso antes de entrar a la carrera”.

El riesgo, caer en el adoctrinamiento

Lo cierto es que en algunas ocasiones las creencias o posiciones personales del profesor pueden privilegiar que unos temas sean prioridad sobre otros durante la jornada estudiantil.

“Es un riesgo y un reto como profesores tener suficiente madurez moral para que por encima de nuestras convicciones y ante dilemas como el de la interrupción voluntaria del embarazo, seamos capaces de ir más allá, pensando en que no estamos adoctrinando a los futuros médicos sino presentando un panorama sobre el cuál tenemos que reflexionar”, dice Joaquín Ocampo, profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM.

Leonardo Ortiz, de 22 años y estudiante del sexto semestre de esta carrera en La Salle, reconoce que sus maestros “abarcan aspectos éticos y filosóficos cargados a favor del derecho a la vida”.

Ocampo advierte que la propia naturaleza de las escuelas de inspiración religiosa, provoca que temas como la cancelación del embarazo no sea tratado de una manera imparcial. “Ellos están en su derecho de hacerlo y somos respetuosos de esas posturas”.

María de la Luz Casas dice: “Nosotros sólo decimos lo que apunta la deontología médica, desde Hipócrates hasta las últimas declaraciones, que se orientan a proteger al embrión en el sentido que la vida humana es preciosa. No se les induce a una forma de pensamiento o de acto. Ante la situación de aborto cada quien actuará como su conciencia le dicte”.

Andrea Tello, Guillermo Mondragón y Ramón Mora, los tres de 20 años y estudiantes de La Salle, no han debatido en clase el tema del aborto, pero adelantan su posición: “Siempre había dicho que sí al aborto pero ahora veo que el embarazo precoz es cuestión de irresponsabilidad”, dice Andrea. “El aborto no es natural y rechazarlo no es asunto que tenga que ver con la religión”, señala Ramón.

“Más allá de que la escuela donde estudio tenga relación con la Iglesia católica; considero que cada caso en situación de aborto debe ser analizado. Yo estaría dispuesto a colaborar sólo en caso de violación o que la vida de la madre esté en riesgo”, comenta Guillermo.

Argüelles Domenzain explica que en La Salle existen dos materias que contemplan estos temas, la de ética médica en cuarto semestre, vista desde una perspectiva inspirada en una filosofía católico cristiana, con una ética personalista y el respeto a la vida humana. La otra, bioética, en octavo semestre donde además de subrayar la importancia de la vida se analizan los derechos de los médicos para oponerse a realizar un aborto.

La objeción de conciencia

Jorge Aranda lo tiene claro. Si el estudiante de octavo semestre de la UP tuviera que atender la solicitud de aborto de una mujer embarazada, se negaría a realizarlo porque va contra sus preceptos morales. “Por eso vine a esta universidad, porque sus valores coinciden con mi forma de ver la vida”, dice.

En las escuelas de inspiración cristiana se subraya de manera especial la negativa que por ley un médico puede objetar para no interrumpir el aborto. “Consideramos importante que los alumnos comprendan cuales son las aplicaciones y los límites de la objeción de conciencia, derecho reconocido en los códigos de ética de la Secretaría Salud del Distrito Federal”, dice Casas.

La UNAM contempla también en sus clases la objeción de conciencia a favor del aborto. “Si hay una ley que dice que prohibe la interrupción voluntaria del embarazo, por razones de conciencia el médico puede justificar que accedería a participar en este aborto, por ejemplo en casos de violación. El problema surge cuando no está permitida la objeción de conciencia por la ley”, explica Ocampo.

Argüelles aclara que el primer planteamiento de los médicos es preservar la vida, pero, nunca influirán sobre la decisión personal. “Las mujeres pueden solicitar interrupción y uno puede negarse sin agredir o tratar de convencer”.

A partir de la ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cualquier médico al que le llegaran a solicitar un aborto debe plantear otras opciones a esta intervención.

En la UP existe una clase llamada alternativas al aborto, donde les piden a los alumnos un plus en su vocación de servicio. Además de decirle a la joven que está embarazada, le deben plantear caminos a su situación, desde la atención psicológica y trabajo social hasta oportunidades de adopción con el fin de que no tomen una decisión bajo estrés.

Imparcialidad desde las aulas

Todas las universidades abordan la ley en el Distrito Federal y aquellas que protegen la vida desde el momento de su concepción en 18 estados de República. No obstante, los matices surgen. En la UNAM se enseña que la interrupción voluntaria del embarazo se desarrolla en un estado laico. “Se ve desde una perspectiva general, abierto, sin ángulos específicos, subrayamos el respeto a otras posturas y evitar satanizar a los que piensan diferente”, dice Ocampo.

Mauricio Osorio, ginecólogo egresado de la UNAM (1992-1996), recuerda que antes del 24 de abril de 2007, fecha en la que se aprobó la ley en el DF que permite a una mujer abortar hasta antes de las 12 semanas de embarazo, si una chica llegaba con un aborto inducido se le atendía, pero daban aviso al Ministerio Público.

Por ser una institución de gobierno federal, el Instituto Nacional de Perinatología donde labora, no interrumpe embarazos a petición de la paciente.

Desde su posición de especialista en reproducción asistida dice: “Sería contradictorio anular la vida de un ser vivo, siendo que me dedico al auxilio de las mujeres que quieren embarazarse. Esta actitud va más allá de mis creencias religiosas, es una cuestión ética, que muchos médicos obvian ante la generosa ganancia que en poco tiempo representa hacer un aborto”, dice Osorio.

Soslayan 12 legislaturas discutir sobre el aborto

Diputados temen politización del caso por las elecciones del 4 de julio en varias entidades

Luego de una fuerte ofensiva conservadora, 18 estados del país reformaron sus códigos penales para castigar el aborto, mientras que en cinco entidades congelan propuestas para despenalizarlo, en otras cinco el tema no está en agenda legislativa y en dos los diputados no se deciden a discutir iniciativas a favor del “derecho a la vida” impulsadas por el panismo.

En Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas y Baja California Sur los congresos recibieron iniciativas en defensa del derecho del aborto pero las comisiones respectivas las tienen congeladas, mientras que en Tlaxcala y Aguascalientes “guardan” para tiempos mejores la discusión de propuestas antiaborto y en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Tabasco el tema no está agendado.

Hasta ahora se han aprobado reformas llamadas antiaborto a las legislaciones locales de Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Sólo en el Distrito Federal se aprobó una legislación en favor de los derechos de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y la maternidad.

El 1 de octubre de 2009 el PRD propuso reformar el Código de Procedimientos Penales de Guerrero para despenalizar el aborto, pero quedó congelada en la Comisión de Justicia del Congreso local por oposición del PAN y del PRI, aun cuando en esa entidad abortan 12 de cada 100 embarazadas por causas congénitas, traumatismos, infecciones y rechazos por problemas inmunológicos.

De acuerdo con datos de Servicios Estatales de Salud, el aborto se atribuye también al rechazo por violación, problemas económicos, sociales y personales.

En Sinaloa, hace un año el PRD presentó una iniciativa para despenalizar el aborto pero los 22 diputados priístas —de los 40 que integran la Legislatura— y los 14 del PAN, la mantienen congelada.

Organizaciones feministas de Hidalgo pidieron a la Legislatura local evitar un retroceso en la ley que permite a las mujeres interrumpir el embarazo por violación, malformaciones congénitas, aborto imprudencial o por motivos de salud.

“Para nosotros lo importante ya no es un avance”, dijo Adriana Jiménez Patlan, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, al indicar que los diputados locales analizan una iniciativa de ley cuyo contenido se desconoce si es a favor o en contra del aborto.

Tema evadido

Ante una sociedad conservadora, en Zacatecas el tema y discusión del aborto en tribuna se ha evadido y pospuesto por posibles costos políticos, y desde hace tres años se envió a la congeladora una iniciativa para despenalizarlo, en forma similar a la aprobada en el Distrito Federal.

En abril de 2007, la propuesta integral fue presentada ante el pleno de la 58 Legislatura por el entonces diputado perredista Aquiles González Navarro, actualmente afiliado al PT, cuado el PRD controlaba el Congreso local. El legislador consideró que su partido no lo apoyó “por instrucciones de la gobernadora Amalia García” por temor al voto de castigo.

En contraste, en la actual Legislatura, dominada por el PRI, la fracción panista elabora una “iniciativa antiaborto” que se supone basada en la Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad que el panismo impulsa a nivel nacional.

En Baja California Sur desde octubre pasado el PRD ingresó una iniciativa de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Politizar el debate

Por “temor” de que sea politizada por el proceso electoral del 4 de julio, en Tlaxcala está detenida una propuesta a favor del “derecho a la vida”, presentada en febrero pasado por el diputado de Convergencia, José Juan Temoltzin.

“Está en la congeladora, pero creo que ahora nadie le entra porque es entrar en polémica y causaría estragos en el proceso electoral”, comentó el diputado petista José Juan Piedras Romero, quién adelantó que en breve presentará una iniciativa para defender el derecho de decisión de las mujeres, aunque consideró necesario realizar foros populares para “concientizar por qué la mujer debe tener ese derecho y dejarse de prejuicios”.

En Aguascalientes también analizan una ley antiabortista, de “protección a la vida”, presentada desde octubre de 2008 por el Partido Acción Nacional, y de la que —según el diputado local panista, Jaime Gallo— el PRI, la primera fuerza legislativa con 14 parlamentarios, “quiere sacarle raja política” luego de que en campaña sus candidatos ofrecieron proteger la vida desde su concepción.

Nada en la agenda

En Michoacán, estado gobernado por el perredismo, en la agenda legislativa no hay ninguna propuesta para regular el derecho de concepción, aunque el 16 de marzo pasado los congresistas michoacanos, incluidos los del PRI, fueron los primeros en el país en rechazar la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para penalizar el aborto.

El Código Penal de Michoacán permite el aborto en caso de violación o cuando esté en peligro la vida de la madre.

En Tamaulipas, en tanto, el Código Penal vigente data de 1986, sin reformas, y aunque contempla el aborto como un delito con penas de uno a cinco años de prisión, no se sanciona en casos de ser provocado por accidente, cuando el embarazo sea por violación o si pone en peligro la vida de la madre. Aun así, penaliza “aquella conducta que priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

El Código Penal de Coahuila penaliza el aborto, pero lo considera “no punible” en caso de violación, peligro de muerte de la madre, alteraciones genéticas o congénitas graves o cuando “se cause por culpa sin previsión de la mujer embarazada”, pero no hay ninguna iniciativa de reforma en el Congreso estatal.

En Nuevo León no se conocen iniciativas en el Congreso para despenalizar el aborto, sancionado hasta con un año de prisión por el Código Penal, salvo que sea por motivos de salud o violación, al igual que en Tabasco, donde se sanciona hasta con ocho años de cárcel a quien lo practique, aunque no punible en caso de peligro de muerte, violación o de inseminación indebida. (Con información de Luigi Rivera, Gladys Rodríguez, Hilda Fernández, Juan Cervantes, Dinorath Mota, Javier Cabrera, Roberto Aguilar e Irma Mejía)

¡Hasta encontrarl@s!

SEGUIMOS EN LA LUCHA

Este domingo se cumplieron 35 años de que mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, fuera detenido y desaparecido por agentes de la Judicial de Nuevo León y de la Federal de Seguridad.

El 18 de abril de 1975 en una céntrica esquina de la ciudad de Monterrey, Jesús Piedra fue capturado y en vez de ser presentado ante autoridad responsable, se inició el tenebroso, ilegal e inhumano camino de la desaparición forzada de personas, mecanismo represivo extendido en forma masiva durante el sexenio de Luis Echeverría, pero continuado hasta la fecha con altibajos. Encontré el oficio donde se comunicaba a Mario Moya Palencia y a Fernando Gutiérrez Barrios la noticia de la detención de Jesús Piedra. Supe de la orden recibida en Monterrey de que Jesús fuera trasladado a la Ciudad de México. Supe cómo previamente fue llevado a un rancho cercano a Monterrey donde fue torturado e interrogado, ya con la presencia de Nazar Haro, Luis de la Barreda y otros conocidos agentes y torturadores. Supe entonces que fue traido al Campo Militar No. 1 y encerrado en el “Metro” la zona subterránea donde se arrojaba a los desaparecidos políticos. Por medio del testimonio de desaparecidos que recuperaron su libertad, supe de su encierro con vida ahí.

Desde entonces no he cesado en la exigencia de su libertad y su búsqueda. Del esfuerzo individual, personal y familiar, en el camino pasé al esfuerzo colectivo, a la organización, al encontrarme a más familiares, especialmente madres, de otros desaparecidos. Nuestra lucha pasó de la búsqueda de nuestros hijos a la lucha por la libertad de todos, convirtiéndose todos en hijos de todas nosotras. Pasar de la lucha por la presentación de nuestro hijo a la lucha por la libertad de todos los desaparecidos políticos, a la libertad de los presos políticos de un sistema que pese a cambios gubernamentales mantiene las heredadas prácticas ilegales e inhumanas de represión y persecusión políticas. Por eso nuestra lucha se amplía en el reclamo contra la represión y por el respeto a los derechos humanos. En este salto de conciencia de lo individual a la organización colectiva hace 33 años dimos el paso de conformar el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que con el paso del tiempo -y con los primeros resultados de nuestra lucha- se conocería como el Comité ¡Eureka!

¡Eureka! Porque he encontrado! Porque en este doloroso camino nos hemos encontrado las madres y familiares para darnos fuerza y razón en nuestro reclamo. Porque hemos encontrado la solidaridad creciente de cada vez más voces de diferentes ámbitos sociales. Porque hemos encontrado cada vez más sectores que toman la causa de los derechos humanos como propia, aun cuando en la hipocresía típica de un sistema como el que padecemos, para algunos se haya convertido en un cómodo lema a utilizarse como “políticamente correcto”, simplemente como tema de estudio y análisis queriendo convertirnos en meros objetos de estudio y no en sujetos demandando justicia. Pero sobre todo porque hemos encontrado a 148 de nuestros hijos y familiares desaparecidos. Los hemos recuperado a lo largo de estos años de lucha. Se ha comprobado que son ciertos los casos por nosotras denunciados, se ha comprobado que el crimen de desaparición forzada es otro, terrible y diferente crimen no idéntico al asesinato político, porque como lo hemos gritado “vivos los llevaron, vivos los queremos” y por tanto es un crimen, un delito, que no prescribe y para el cual no hay una “reparación al daño” por medio del insultante pago en dinero al que quisieran orillarnos y comprarnos, sino lo que hemos exigido siempre: justicia!

Continuamos en la lucha porque no hemos conocido la justicia y porque la represión y violaciones a los derechos humanos continúan. Y obviamente hay una relación entre una cosa y otra. Si no se hace justicia en relación a los 557 desaparecidos durante los gobiernos del PRI, si se mantiene la impunidad en relación a esos crímenes cometidos por conocidos gobernantes, policías y funcionarios claramente identificados y ubicables, el mensaje que se ha dado, la herencia que se deja, incluso para los que demagógicamente hablaban del “cambio” es que en eso no hay cambio.

Es precisamente en este terreno donde el país ha llegado a una situación crítica. El gobierno instalado desde 2006 producto de un fraude electoral, sin apoyo social, sin legitimidad, recurrió desde el principio a la fuerza militar para imponerse y a la declaratoria de una “guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada” en una maniobra publicitaria que hiciera olvidar su instalación ilegítima para lograr “la unidad nacional” frente a un “enemigo común”. Hacerlo así, le permitió instalar lo que se ha convertido en la fuente principal de los atropellos y violaciones a derechos humanos que es la militarización del país. Adicionalmente al hecho de que como guerra al narcotráfico está perdida, no solamente por la infiltración y corrupción que el narcotráfico ha logrado en el propio aparato estatal, sino porque seguramente se requiere una estrategia no basada en la represión para enfrentar ese gran negocio y que, probablemente como dicen algunos, pase por la legalización de ciertas drogas. El hecho es que con el pretexto de esa guerra se ha abierto paso a un régimen cada vez más autoritario, policiaco, represivo y violatorio de derechos humanos, que abre el camino a prácticas de “limpieza social” y de criminalización de la protesta ciudadana..

La mayoría de las “acciones de guerra” notables no son en realidad enfrentamientos con el “crimen organizado”, sino ejecuciones. Por eso el desvergonzado argumento de los “daños colaterales” de esta guerra es falso. No son daños colaterales, fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y delincuentes lo que estamos viendo, sino asesinatos a mansalva, ejecuciones. El caso más reciente, de estos días en que semana a semana vemos nuevas barbaridades es lo ocurrido en Anáhuac, Nuevo León. No hay fuego cruzado, no hay enfrentamiento, una familia fue acribillada y una mujer que después del tiroteo se acera a pedir ayuda, fue asesinada. Y ése es la culminación de muchos casos similares, de jóvenes asesinados en una fiesta, de jóvenes fusilados en centros de readapatación, de estudiantes asesinados que son presentados como pandilleros o como delincuentes muertos en el enfrentamiento cuando en realidad están saliendo de instalaciones escolares. Y estos crímenes tienen elementos en común: dirigidos contra jóvenes o gente pobre. A los voceros oficiales les conviene pues para ellos se va ganando la guerra cuando se informa de un número creciente de muertos. Como si los muertos fueran delincuentes y como si estuviera justificado, aunque fueran delincuentes, matarlos. Pero se trata de acostumbrar a la opinión pública a la presencia militar, incluso de que la gente exija más mano dura o hasta “cascos azules”, inhibir la protesta y la falta de solidaridad cuando al conocerse la noticia de otro asesinato introducir la sospecha de “quién sabe en qué andaría”.

Y al mismo tiempo el regreso ampliado de la práctica de la desaparición forzada de personas. Ahora no solamente contra militantes políticos, que sigue ocurriendo como es el caso de los desaparecidos del EPR. También se ha extendido contra sectores más amplios de la población civil. Encubierto ahora con el mote de que se trata de “levantones” a cargo del crimen organizado. Falso. La mayoría de esos “levantones” son realizados por uniformados y en realidad son desapariciones forzadas. Tampoco es cierto que la mayoría de esas desapariciones sea de personas ligadas al narcotráfico. Tengo testimonios de muchas víctimas inocentes no solamente de Ciudad Juárez, de estados como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León en una plaga que se extiende gravemente.

El gobierno dice que las muertes civiles son el menor de los casos, víctimas de los “daños colaterales” y otra voces dicen que hay que regular la actuación de los militares para que no cometan “errores”. Lo que está ocurriendo no son “errores humanos” de algunos militares. Es una política implementada desde el inicio del sexenio por la debilidad de un gobierno sin legitimidad y ahora asesorada y apoyada por las agencias norteamericanas. No hay soluciones intermedias. El ejército debe regresar a los cuarteles. Las violaciones a derechos humanos cometidas por la ilegal decisión de sacarlo a la calle a labores policiacas y a esta “guerra” deben ser sancionadas, hacerse justicia a tantísimas víctimas.

La otra cara de la moneda que muestra la continuidad represiva en este sistema es la criminalización de la protesta social. A nuestro histórico grito por la libertad de los presos políticos estos gobiernos quieren responder de que en México no hay presos políticos porque mañosamente les imponen cargos y delitos inventados. Para nosotros tratándose de activistas y militantes de movimientos sociales y de oposición que son encarcelados acusándoles de crímenes diversos, se trata sin embargo de presos políticos. Este camino lo iniciaron con los presos de Atenco al acusarles de privación ilegal de la libertad lo que ha permitido que Nacho del Valle y sus compañeros estén sentenciados a más de 100 años de cárcel, una sentencia que jamás ha recibido algún real secuestrador. Lo hicieron también con las indígenas presas en Querétaro acusadas de secuestrar a agentes de la AFI. Lo están haciendo en el proceso contra Sara López y sus compañeros presos en Campeche que se oponen a las altas tarifas de la luz de la CFE y que también so acusados de secuestro. Hace unos días lo han vuelto a hacer con compañeros de Oaxaca que también son parte del Movimiento de Resistencia contra las tarifas de la luz de la CFE.

Estas formas de criminalización las extienden en la represión a movimientos sociales que se oponen a los planes privatizadores y neoliberales del gobierno. Ahora hablan, para desconocer la heroica huelga de más de dos años de los mineros de Cananea (paralela a la de Taxco y Sombrerete), a causas de “fuerza mayor” y a daños en las instalaciones imputables a los trabajadores, así como quisieran extender el argumento para justificar la injustificable liquidación de la Compañía de luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 40 mil trabajadores afiliados al SME.

Es por lo anterior que no confiamos en gestos y declaraciones parciales como las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos. Por supuesto que es un éxito el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y el valor otorgado a los acuerdos internacionales en esta materia, pero se olvida que al mismo tiempo varios de esos derechos han venido siendo vulnerados con otras reformas previamente aprobadas, como las de la llamada reforma judicial que incluyen la práctica del arraigo a la que nos opusimos en su momento y que día con día se convierte en una plaga. Recuerdo que les advertí a legisladores de varios partidos que estaban aprobando instrumentos persecutorios y violatorios de derechos, unos cuantos meses antes de que, por ejemplo, presidentes municipales de todos esos partidos fueran acusados arbitrariamente y arraigados durante semanas alrededor de las elecciones del 2009 para salir después casi sin el “usted disculpe”. La reforma actual quita la discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto al artículo 33, pero mantiene incólume el fuero militar que sirve todos los días para solapar las violaciones cometidas bajo la militarización del país. La reforma pone condiciones a la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo, pero en la práctica se mantiene la militarización del país que ya en varias regiones es prácticamente la instalación de un estado de excepción”.

El sombrío panorama que tenemos enfrente es el que 35 años después nos obliga a continuar la lucha, pero no nos ensombrece, no nos quita la alegría de vida ni nos sume en el pesimismo. Somos optimistas porque nuestro reclamo crece en la sociedad, porque crecen los movimientos sociales de resistencia y lucha, pese a las adversas condiciones, porque nuevas generaciones de activistas y luchadores se incorporan y nos sustituyen, especialmente a las que el fin de su ciclo vital las llevó orgullosas de haber cumplido su deber como madres aunque insatisfechas por no haber alcanzado la justicia. Sabemos que así como logramos, después de nuestra huelga de hambre en 1978, una ley de amnistía, así como logramos la libertad de tantos presos y desaparecidos, la persistencia, la continuidad en la lucha, la insistencia en la unidad, la insistencia en que los movimientos sociales, todos, deben incluir en su programa también el respeto a los derechos humanos, la libertad de presos y desaparecidos y contra la represión, sabemos que tarde o temprano lograremos la justicia.

En otras latitudes pensaron que los acuerdos entre partidos con el régimen violador de derechos humanos, sacrificando a los derechos humanos y la justicia ante la represión, en aras de la “transición democrática”, aprobando amnistías “para ambos lados”, leyes “del perdón, del olvido o del punto final”, después de años están haciendo crisis y el reclamo de justicia vuelve a abrirse paso. El pasado se hace presente, nuevamente. No importa cuántos años pasen.

Por eso tenemos confianza en la lucha, no desmayamos, no claudicamos y no conciliamos.

ROSARIO IBARRA