El 6 de octubre Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, una indígena de origen Maya de 22 años, habitante de “Los Sabidos” en el municipio de Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo, que tenía 7 meses de embarazo, pensó que era buena idea ayudar a mover un ropero, el esfuerzo le provocó sangrado, y luego le sobrevino el aborto.
Acudió a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la comunidad de Rojo Gómez, pero como no era derechohabiente, le negaron la atención, después de varias horas, sus familiares la trasladaron en una ambulancia al hospital materno infantil Morelos, en Chetumal, donde le practicaron el legrado, los mismos médicos, que están obligados legalmente, dieron parte a las autoridades, quienes interrogaron a una convaleciente Yasuri apenas unas horas después de la intervención médica.
Al día siguiente, el 7 de octubre, la muchacha fue traslada a los deparos de la procuraduría para ser interrogada nuevamente, al siguiente día fue puesta a disposición del juez. Este le levantó cargos por “Homicidio DOLOSO calificado”, y el 12 de octubre le fue dictada auto de formal prisión y recluida en el centro de readaptación social (CERESO) de Chetumal.
Yasuri se reúne con su mamá y su hija, el día que fue liberada.
Quintana-roo es de los estados mexicanos que han decretado por ley y sin la mínima evidencia, que la vida comienza en el momento de la concepción, tal como reza la biblia, y debido a esto, los abortos son considerados un homicidio. El homicidio doloso calificado en el estado de Quintana Roo, puede alcanzar hasta los 30 años de prisión, mismos con los que se vio amenazada la joven. De nuevo las autoridades se ensañan con los más débiles tratando de justificar su sueldo, es más fácil abusar de los derechos de una joven indígena de clase baja, que atrapar a los verdaderos criminales, y si se trata de una abortista, mucho mejor.
Los familiares de la joven, hicieron lo posible por buscarle un juicio justo, inclusive vendieron lo poco que tenían para contratar un abogado, que en realidad no sirvió de mucho por lo politizado del caso, ya que las órdenes de mantenerla presa venían de mas arriba… inclusive, mas arriba de la misericordia que exige el mismo librito de cuentos de donde sacaron que la vida comienza en la concepción.
El caso llegó hasta organizaciones que protegen los derechos humanos y dela mujer, y mediante presión política y de los medios se logró que el procurador de justicia del estado Bello Melchor Rodríguez se desistiera de la acción penal en su contra, argumentando la falta de DOLO; y el viernes 23 de octubre, Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga fue puesta en libertad. Tras una serie de irregularidades como el hecho de que el presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Gaspar García Torres, no le haya sido otorgada una copia del expediente de Yasuri, ni se le haya dejado entrevistarse con ella.
“Yasuri nunca tuvo dolo para realizar esa conducta, y por eso está afuera y es un precedente de la defensa de los derechos de las mujeres de Quintana Roo, como en todo el país”.
Gabriela Rojo Castillo, abogada de Yasuri.
La reforma anti-aborto fue promovida en el estado de Quintana Roo por la Diputada priista Laura Fernández Piña, recibió el apoyo de la mayoría priista, y se aprobó en abril del 2009.
Se cuenta esto: Que el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, ha hecho todo lo posible para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no intervenga en el caso de Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, la mexicana de origen maya de 22 años que perdió a su hijo en un parto prematuro y que paga con prisión tal osadía. La Procuraduría de Justicia local la acusa de aborto, es decir, de homicidio doloso calificado, que en ese estado, gracias a las últimas reformas al Código Penal, se paga con 30 años de cárcel. Una ley que el gobernador impuso para congraciarse con su obispo. El drama de la señora Yasuri Sac-Nicté, quien tiene dos hijos pequeños, se inició en el pueblo rural de Sabidos, municipio de Othón P. Blanco. El Ministerio Público que, como en muchos estados depende del Ejecutivo, está segurísimo de que la indígena cometió homicidio. Y la Comisión de Derechos Humanos, que se supone es independiente, también: ni las manos ha metido. Lástima que el señor José Luis Soberanes, quien dirigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora quiere ser ministro de la Supera Corte, ya no pueda intervenir. Habría reconfirmado el daño que hizo en esta materia durante sus 10 años como ombudsman, una década en la que defendió que las leyes mexicanas castiguen a las mujeres.
