La ignominia

Roberto Blancarte

• 2009-10-06/Milenio

El origen y definición de “la vida” y particularmente de “la vida humana” es algo que todavía no ha podido ser establecido por la ciencia, de manera contundente y generalizada o consensuada por los científicos. El debate sobre si un ser humano puede ser definido como tal sólo desde ciertos momentos específicos, no ha terminado. Sin embargo, muchos diputados de 16 estados de la República mexicana han decidido, a partir de consideraciones religiosas, establecer jurídicamente que la vida humana comienza desde la concepción, es decir, desde el momento de la fecundación. En una ofensiva relámpago, de octubre del año pasado y hasta ahora, como reacción a la declaración de constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, que hizo la Suprema Corte de Justicia, la derecha del país (que ahora nos damos cuenta, no está únicamente en el PAN), realizó una cruzada para establecer en todas las constituciones de los estados el famoso “derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.

¿Qué significa, sin embargo, ese derecho a la vida? ¿Qué se buscaba con esta “protección” jurídica? Básicamente, prohibir que el aborto sea despenalizado y que las mujeres puedan decidir sobre lo que sucede en su propio cuerpo, en muchos casos, incluso si son violentadas y su embarazo les ha sido impuesto por la fuerza. En última instancia, todas estas iniciativas atacan, o por lo menos ignoran, los derechos de las mujeres. Aunque también los hombres se ven afectados, pues se está negando la eutanasia, es decir a morir ayudado por alguien, en realidad estas medidas se enfocan sobre todo a impedir que las mujeres puedan decidir libremente sobre lo que sucede en sus cuerpos. Lo más triste de esta situación es que las reformas a las constituciones de los estados han sido hechas no exclusivamente por el PAN, partido que ha olvidado lo poco que tenía de secularizado y ha retomado la ruta de la organización política confesional, cada vez más apegada a los principios doctrinales de una Iglesia. En esta cruzada, el partido de la derecha ha sido apoyado por el PRI e incluso por otros partidos como el Panal, el Verde Ecologista, el PT y en un caso (el de San Luis Potosí), hasta por el PRD. Pero sobre todo ha sido el PRI el que ha hecho posible ese embate del clero. Hay que decirlo claramente: la alianza del PAN y el PRI es la que ha hecho concretarse estas ignominiosas reformas en los 16 estados: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. Insisto: aunque deploro el creciente y apenas disfrazado confesionalismo del PAN, me preocupan los estados priistas, que abandonaron sus principios y el ideal de un Estado laico, garante de la libertad de conciencia, de la autonomía del Estado frente a lo religioso y de la igualdad y la no discriminación.

Lo que ha privado en todos estos estados es la ausencia de debate y la adopción de posiciones acríticas, venidas no del mundo científico, sino del confesional. Doy dos ejemplos. En Colima, el diputado Gonzalo Sánchez Pardo justificó así la posición de su partido: “El grupo parlamentario del PRI, consciente de su responsabilidad y en congruencia por su actuar por la trascendencia de sus instituciones, se pronuncia porque el derecho a la vida se eleva a condición de garantía protegido, por la Constitución Política del estado, nos queda clara que el derecho a la vida es un derecho inherente al ser humano, de igual forma nos queda claro que ese derecho nace en el momento de la concepción, que es cuando comienza su desarrollo, lo que implica la protección del Estado y garantía de su respeto, en la actualidad diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales definen y determinan esta circunstancia, el derecho a la vida, como un derecho fundamental que debe ser reconocido y protegido por el Estado a partir de su concepción; en esa tesitura, la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional es coincidente con esa postura, por lo que la respeta y respalda acorde con sus principios y normas internas, por todo ello nuestro voto es y será a favor de la vida.” En Sonora, el diputado priista Carlos Fernández Guevara presentó así la posición de su partido: “Estamos en contra de que sea más fácil suspender los embarazos y a favor de que sea más difícil encontrarse con una situación de embarazo no deseado. Los embarazos no deseados no se dan por generación espontánea, tiene que haber ciertas condiciones para que estas desafortunadas situaciones se reproduzcan: la falta de educación es una de ellas, la falta de responsabilidad adquirida, la promiscuidad exacerbada que muchas veces promueve un materialismo excesivo o una confusión en la jerarquía de los valores…”. Francamente, el discurso lo podría estar haciendo el arzobispo de Hermosillo. ¿Cuáles instrumentos jurídicos nacionales e internacionales? ¿Los de Honduras, los de República Dominicana o de Perú, países cuyas legislaciones y políticas públicas están influidas por la Iglesia católica? ¿Dónde quedaron los argumentos científicos? ¿Dónde quedaron, sobre todo, los derechos de las mujeres? ¿Dónde quedó el Estado laico?

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