En las aulas se libra otra batalla por el aborto

CONCIENCIA. Mientras en la UNAM se aborda el tema del aborto desde la concepción de un estado laico, en otras casas lo plantean desde la objeción de conciencia
(Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Escuelas privadas enseñan que la cancelación del embarazo es un crimen; en la UNAM dicen que es un derecho de la mujer

Natalia Gómez Quintero
El Universal
Lunes 26 de abril de 2010
natalia.gomez@eluniversal.com.mx

Los profesores no podían ocultar su inconformidad. La aprobación hace tres años en el Distrito Federal de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta antes de las doce semanas de gestación los había hecho reaccionar de esa manera. Lo evidenciaban en clase ante sus alumnos de impecable bata blanca.

Elizabeth Santillán, de 23 años, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, recuerda la molestia de sus maestros. Esta escuela privada reconoce de manera abierta que impulsa “la defensa de la vida desde el momento de la concepción”.

“Como una institución que se fundamenta en una filosofía católico-cristiana, el respeto a la vida humana es esencial”, dice Pedro Argüelles Domenzain, director de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle.

Provida desde la academia

Los lasallistas no son los únicos que defienden esta postura, también lo hacen los profesores de la Universidad Panamericana, relacionada con el Opus Dei, y de la Anáhuac, vinculada a los Legionarios de Cristo. En las aulas de todas estas instituciones se hace énfasis en la ética personalista, que considera al ser humano como eje central de la vida.

Es a través de las materias de bioética y ética médica, donde los profesores llevan este planteamiento a los alumnos. “Está comprobado que la vida humana empieza desde la concepción. Estudios importantes en biología molecular hechos apenas hace cinco años dicen que el cigoto es un individuo que funciona en forma inicial. Esta afirmación puede que no sea muy comprensible para quienes no están en la ciencia”, dice María de la Luz Casas, jefa de bioética de la escuela de medicina de la UP.

La también consejera de la Comisión Nacional de Bioética deja claro que ella no impone razones morales en sus clases, sino argumentos científicos.

Para Nubia Andrea Ramírez, de 22 años, estudiante del octavo semestre de medicina en la UP, no hay dilema, pues la dignidad humana debe estar ante todo. “Estoy en contra del aborto pero no porque asista a una escuela de inspiración católica. Así pensaba incluso antes de entrar a la carrera”.

El riesgo, caer en el adoctrinamiento

Lo cierto es que en algunas ocasiones las creencias o posiciones personales del profesor pueden privilegiar que unos temas sean prioridad sobre otros durante la jornada estudiantil.

“Es un riesgo y un reto como profesores tener suficiente madurez moral para que por encima de nuestras convicciones y ante dilemas como el de la interrupción voluntaria del embarazo, seamos capaces de ir más allá, pensando en que no estamos adoctrinando a los futuros médicos sino presentando un panorama sobre el cuál tenemos que reflexionar”, dice Joaquín Ocampo, profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM.

Leonardo Ortiz, de 22 años y estudiante del sexto semestre de esta carrera en La Salle, reconoce que sus maestros “abarcan aspectos éticos y filosóficos cargados a favor del derecho a la vida”.

Ocampo advierte que la propia naturaleza de las escuelas de inspiración religiosa, provoca que temas como la cancelación del embarazo no sea tratado de una manera imparcial. “Ellos están en su derecho de hacerlo y somos respetuosos de esas posturas”.

María de la Luz Casas dice: “Nosotros sólo decimos lo que apunta la deontología médica, desde Hipócrates hasta las últimas declaraciones, que se orientan a proteger al embrión en el sentido que la vida humana es preciosa. No se les induce a una forma de pensamiento o de acto. Ante la situación de aborto cada quien actuará como su conciencia le dicte”.

Andrea Tello, Guillermo Mondragón y Ramón Mora, los tres de 20 años y estudiantes de La Salle, no han debatido en clase el tema del aborto, pero adelantan su posición: “Siempre había dicho que sí al aborto pero ahora veo que el embarazo precoz es cuestión de irresponsabilidad”, dice Andrea. “El aborto no es natural y rechazarlo no es asunto que tenga que ver con la religión”, señala Ramón.

“Más allá de que la escuela donde estudio tenga relación con la Iglesia católica; considero que cada caso en situación de aborto debe ser analizado. Yo estaría dispuesto a colaborar sólo en caso de violación o que la vida de la madre esté en riesgo”, comenta Guillermo.

Argüelles Domenzain explica que en La Salle existen dos materias que contemplan estos temas, la de ética médica en cuarto semestre, vista desde una perspectiva inspirada en una filosofía católico cristiana, con una ética personalista y el respeto a la vida humana. La otra, bioética, en octavo semestre donde además de subrayar la importancia de la vida se analizan los derechos de los médicos para oponerse a realizar un aborto.

La objeción de conciencia

Jorge Aranda lo tiene claro. Si el estudiante de octavo semestre de la UP tuviera que atender la solicitud de aborto de una mujer embarazada, se negaría a realizarlo porque va contra sus preceptos morales. “Por eso vine a esta universidad, porque sus valores coinciden con mi forma de ver la vida”, dice.

En las escuelas de inspiración cristiana se subraya de manera especial la negativa que por ley un médico puede objetar para no interrumpir el aborto. “Consideramos importante que los alumnos comprendan cuales son las aplicaciones y los límites de la objeción de conciencia, derecho reconocido en los códigos de ética de la Secretaría Salud del Distrito Federal”, dice Casas.

La UNAM contempla también en sus clases la objeción de conciencia a favor del aborto. “Si hay una ley que dice que prohibe la interrupción voluntaria del embarazo, por razones de conciencia el médico puede justificar que accedería a participar en este aborto, por ejemplo en casos de violación. El problema surge cuando no está permitida la objeción de conciencia por la ley”, explica Ocampo.

Argüelles aclara que el primer planteamiento de los médicos es preservar la vida, pero, nunca influirán sobre la decisión personal. “Las mujeres pueden solicitar interrupción y uno puede negarse sin agredir o tratar de convencer”.

A partir de la ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cualquier médico al que le llegaran a solicitar un aborto debe plantear otras opciones a esta intervención.

En la UP existe una clase llamada alternativas al aborto, donde les piden a los alumnos un plus en su vocación de servicio. Además de decirle a la joven que está embarazada, le deben plantear caminos a su situación, desde la atención psicológica y trabajo social hasta oportunidades de adopción con el fin de que no tomen una decisión bajo estrés.

Imparcialidad desde las aulas

Todas las universidades abordan la ley en el Distrito Federal y aquellas que protegen la vida desde el momento de su concepción en 18 estados de República. No obstante, los matices surgen. En la UNAM se enseña que la interrupción voluntaria del embarazo se desarrolla en un estado laico. “Se ve desde una perspectiva general, abierto, sin ángulos específicos, subrayamos el respeto a otras posturas y evitar satanizar a los que piensan diferente”, dice Ocampo.

Mauricio Osorio, ginecólogo egresado de la UNAM (1992-1996), recuerda que antes del 24 de abril de 2007, fecha en la que se aprobó la ley en el DF que permite a una mujer abortar hasta antes de las 12 semanas de embarazo, si una chica llegaba con un aborto inducido se le atendía, pero daban aviso al Ministerio Público.

Por ser una institución de gobierno federal, el Instituto Nacional de Perinatología donde labora, no interrumpe embarazos a petición de la paciente.

Desde su posición de especialista en reproducción asistida dice: “Sería contradictorio anular la vida de un ser vivo, siendo que me dedico al auxilio de las mujeres que quieren embarazarse. Esta actitud va más allá de mis creencias religiosas, es una cuestión ética, que muchos médicos obvian ante la generosa ganancia que en poco tiempo representa hacer un aborto”, dice Osorio.

Soslayan 12 legislaturas discutir sobre el aborto

Diputados temen politización del caso por las elecciones del 4 de julio en varias entidades

Luego de una fuerte ofensiva conservadora, 18 estados del país reformaron sus códigos penales para castigar el aborto, mientras que en cinco entidades congelan propuestas para despenalizarlo, en otras cinco el tema no está en agenda legislativa y en dos los diputados no se deciden a discutir iniciativas a favor del “derecho a la vida” impulsadas por el panismo.

En Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas y Baja California Sur los congresos recibieron iniciativas en defensa del derecho del aborto pero las comisiones respectivas las tienen congeladas, mientras que en Tlaxcala y Aguascalientes “guardan” para tiempos mejores la discusión de propuestas antiaborto y en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Tabasco el tema no está agendado.

Hasta ahora se han aprobado reformas llamadas antiaborto a las legislaciones locales de Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Sólo en el Distrito Federal se aprobó una legislación en favor de los derechos de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y la maternidad.

El 1 de octubre de 2009 el PRD propuso reformar el Código de Procedimientos Penales de Guerrero para despenalizar el aborto, pero quedó congelada en la Comisión de Justicia del Congreso local por oposición del PAN y del PRI, aun cuando en esa entidad abortan 12 de cada 100 embarazadas por causas congénitas, traumatismos, infecciones y rechazos por problemas inmunológicos.

De acuerdo con datos de Servicios Estatales de Salud, el aborto se atribuye también al rechazo por violación, problemas económicos, sociales y personales.

En Sinaloa, hace un año el PRD presentó una iniciativa para despenalizar el aborto pero los 22 diputados priístas —de los 40 que integran la Legislatura— y los 14 del PAN, la mantienen congelada.

Organizaciones feministas de Hidalgo pidieron a la Legislatura local evitar un retroceso en la ley que permite a las mujeres interrumpir el embarazo por violación, malformaciones congénitas, aborto imprudencial o por motivos de salud.

“Para nosotros lo importante ya no es un avance”, dijo Adriana Jiménez Patlan, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, al indicar que los diputados locales analizan una iniciativa de ley cuyo contenido se desconoce si es a favor o en contra del aborto.

Tema evadido

Ante una sociedad conservadora, en Zacatecas el tema y discusión del aborto en tribuna se ha evadido y pospuesto por posibles costos políticos, y desde hace tres años se envió a la congeladora una iniciativa para despenalizarlo, en forma similar a la aprobada en el Distrito Federal.

En abril de 2007, la propuesta integral fue presentada ante el pleno de la 58 Legislatura por el entonces diputado perredista Aquiles González Navarro, actualmente afiliado al PT, cuado el PRD controlaba el Congreso local. El legislador consideró que su partido no lo apoyó “por instrucciones de la gobernadora Amalia García” por temor al voto de castigo.

En contraste, en la actual Legislatura, dominada por el PRI, la fracción panista elabora una “iniciativa antiaborto” que se supone basada en la Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad que el panismo impulsa a nivel nacional.

En Baja California Sur desde octubre pasado el PRD ingresó una iniciativa de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Politizar el debate

Por “temor” de que sea politizada por el proceso electoral del 4 de julio, en Tlaxcala está detenida una propuesta a favor del “derecho a la vida”, presentada en febrero pasado por el diputado de Convergencia, José Juan Temoltzin.

“Está en la congeladora, pero creo que ahora nadie le entra porque es entrar en polémica y causaría estragos en el proceso electoral”, comentó el diputado petista José Juan Piedras Romero, quién adelantó que en breve presentará una iniciativa para defender el derecho de decisión de las mujeres, aunque consideró necesario realizar foros populares para “concientizar por qué la mujer debe tener ese derecho y dejarse de prejuicios”.

En Aguascalientes también analizan una ley antiabortista, de “protección a la vida”, presentada desde octubre de 2008 por el Partido Acción Nacional, y de la que —según el diputado local panista, Jaime Gallo— el PRI, la primera fuerza legislativa con 14 parlamentarios, “quiere sacarle raja política” luego de que en campaña sus candidatos ofrecieron proteger la vida desde su concepción.

Nada en la agenda

En Michoacán, estado gobernado por el perredismo, en la agenda legislativa no hay ninguna propuesta para regular el derecho de concepción, aunque el 16 de marzo pasado los congresistas michoacanos, incluidos los del PRI, fueron los primeros en el país en rechazar la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para penalizar el aborto.

El Código Penal de Michoacán permite el aborto en caso de violación o cuando esté en peligro la vida de la madre.

En Tamaulipas, en tanto, el Código Penal vigente data de 1986, sin reformas, y aunque contempla el aborto como un delito con penas de uno a cinco años de prisión, no se sanciona en casos de ser provocado por accidente, cuando el embarazo sea por violación o si pone en peligro la vida de la madre. Aun así, penaliza “aquella conducta que priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

El Código Penal de Coahuila penaliza el aborto, pero lo considera “no punible” en caso de violación, peligro de muerte de la madre, alteraciones genéticas o congénitas graves o cuando “se cause por culpa sin previsión de la mujer embarazada”, pero no hay ninguna iniciativa de reforma en el Congreso estatal.

En Nuevo León no se conocen iniciativas en el Congreso para despenalizar el aborto, sancionado hasta con un año de prisión por el Código Penal, salvo que sea por motivos de salud o violación, al igual que en Tabasco, donde se sanciona hasta con ocho años de cárcel a quien lo practique, aunque no punible en caso de peligro de muerte, violación o de inseminación indebida. (Con información de Luigi Rivera, Gladys Rodríguez, Hilda Fernández, Juan Cervantes, Dinorath Mota, Javier Cabrera, Roberto Aguilar e Irma Mejía)

¡Hasta encontrarl@s!

SEGUIMOS EN LA LUCHA

Este domingo se cumplieron 35 años de que mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, fuera detenido y desaparecido por agentes de la Judicial de Nuevo León y de la Federal de Seguridad.

El 18 de abril de 1975 en una céntrica esquina de la ciudad de Monterrey, Jesús Piedra fue capturado y en vez de ser presentado ante autoridad responsable, se inició el tenebroso, ilegal e inhumano camino de la desaparición forzada de personas, mecanismo represivo extendido en forma masiva durante el sexenio de Luis Echeverría, pero continuado hasta la fecha con altibajos. Encontré el oficio donde se comunicaba a Mario Moya Palencia y a Fernando Gutiérrez Barrios la noticia de la detención de Jesús Piedra. Supe de la orden recibida en Monterrey de que Jesús fuera trasladado a la Ciudad de México. Supe cómo previamente fue llevado a un rancho cercano a Monterrey donde fue torturado e interrogado, ya con la presencia de Nazar Haro, Luis de la Barreda y otros conocidos agentes y torturadores. Supe entonces que fue traido al Campo Militar No. 1 y encerrado en el “Metro” la zona subterránea donde se arrojaba a los desaparecidos políticos. Por medio del testimonio de desaparecidos que recuperaron su libertad, supe de su encierro con vida ahí.

Desde entonces no he cesado en la exigencia de su libertad y su búsqueda. Del esfuerzo individual, personal y familiar, en el camino pasé al esfuerzo colectivo, a la organización, al encontrarme a más familiares, especialmente madres, de otros desaparecidos. Nuestra lucha pasó de la búsqueda de nuestros hijos a la lucha por la libertad de todos, convirtiéndose todos en hijos de todas nosotras. Pasar de la lucha por la presentación de nuestro hijo a la lucha por la libertad de todos los desaparecidos políticos, a la libertad de los presos políticos de un sistema que pese a cambios gubernamentales mantiene las heredadas prácticas ilegales e inhumanas de represión y persecusión políticas. Por eso nuestra lucha se amplía en el reclamo contra la represión y por el respeto a los derechos humanos. En este salto de conciencia de lo individual a la organización colectiva hace 33 años dimos el paso de conformar el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que con el paso del tiempo -y con los primeros resultados de nuestra lucha- se conocería como el Comité ¡Eureka!

¡Eureka! Porque he encontrado! Porque en este doloroso camino nos hemos encontrado las madres y familiares para darnos fuerza y razón en nuestro reclamo. Porque hemos encontrado la solidaridad creciente de cada vez más voces de diferentes ámbitos sociales. Porque hemos encontrado cada vez más sectores que toman la causa de los derechos humanos como propia, aun cuando en la hipocresía típica de un sistema como el que padecemos, para algunos se haya convertido en un cómodo lema a utilizarse como “políticamente correcto”, simplemente como tema de estudio y análisis queriendo convertirnos en meros objetos de estudio y no en sujetos demandando justicia. Pero sobre todo porque hemos encontrado a 148 de nuestros hijos y familiares desaparecidos. Los hemos recuperado a lo largo de estos años de lucha. Se ha comprobado que son ciertos los casos por nosotras denunciados, se ha comprobado que el crimen de desaparición forzada es otro, terrible y diferente crimen no idéntico al asesinato político, porque como lo hemos gritado “vivos los llevaron, vivos los queremos” y por tanto es un crimen, un delito, que no prescribe y para el cual no hay una “reparación al daño” por medio del insultante pago en dinero al que quisieran orillarnos y comprarnos, sino lo que hemos exigido siempre: justicia!

Continuamos en la lucha porque no hemos conocido la justicia y porque la represión y violaciones a los derechos humanos continúan. Y obviamente hay una relación entre una cosa y otra. Si no se hace justicia en relación a los 557 desaparecidos durante los gobiernos del PRI, si se mantiene la impunidad en relación a esos crímenes cometidos por conocidos gobernantes, policías y funcionarios claramente identificados y ubicables, el mensaje que se ha dado, la herencia que se deja, incluso para los que demagógicamente hablaban del “cambio” es que en eso no hay cambio.

Es precisamente en este terreno donde el país ha llegado a una situación crítica. El gobierno instalado desde 2006 producto de un fraude electoral, sin apoyo social, sin legitimidad, recurrió desde el principio a la fuerza militar para imponerse y a la declaratoria de una “guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada” en una maniobra publicitaria que hiciera olvidar su instalación ilegítima para lograr “la unidad nacional” frente a un “enemigo común”. Hacerlo así, le permitió instalar lo que se ha convertido en la fuente principal de los atropellos y violaciones a derechos humanos que es la militarización del país. Adicionalmente al hecho de que como guerra al narcotráfico está perdida, no solamente por la infiltración y corrupción que el narcotráfico ha logrado en el propio aparato estatal, sino porque seguramente se requiere una estrategia no basada en la represión para enfrentar ese gran negocio y que, probablemente como dicen algunos, pase por la legalización de ciertas drogas. El hecho es que con el pretexto de esa guerra se ha abierto paso a un régimen cada vez más autoritario, policiaco, represivo y violatorio de derechos humanos, que abre el camino a prácticas de “limpieza social” y de criminalización de la protesta ciudadana..

La mayoría de las “acciones de guerra” notables no son en realidad enfrentamientos con el “crimen organizado”, sino ejecuciones. Por eso el desvergonzado argumento de los “daños colaterales” de esta guerra es falso. No son daños colaterales, fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y delincuentes lo que estamos viendo, sino asesinatos a mansalva, ejecuciones. El caso más reciente, de estos días en que semana a semana vemos nuevas barbaridades es lo ocurrido en Anáhuac, Nuevo León. No hay fuego cruzado, no hay enfrentamiento, una familia fue acribillada y una mujer que después del tiroteo se acera a pedir ayuda, fue asesinada. Y ése es la culminación de muchos casos similares, de jóvenes asesinados en una fiesta, de jóvenes fusilados en centros de readapatación, de estudiantes asesinados que son presentados como pandilleros o como delincuentes muertos en el enfrentamiento cuando en realidad están saliendo de instalaciones escolares. Y estos crímenes tienen elementos en común: dirigidos contra jóvenes o gente pobre. A los voceros oficiales les conviene pues para ellos se va ganando la guerra cuando se informa de un número creciente de muertos. Como si los muertos fueran delincuentes y como si estuviera justificado, aunque fueran delincuentes, matarlos. Pero se trata de acostumbrar a la opinión pública a la presencia militar, incluso de que la gente exija más mano dura o hasta “cascos azules”, inhibir la protesta y la falta de solidaridad cuando al conocerse la noticia de otro asesinato introducir la sospecha de “quién sabe en qué andaría”.

Y al mismo tiempo el regreso ampliado de la práctica de la desaparición forzada de personas. Ahora no solamente contra militantes políticos, que sigue ocurriendo como es el caso de los desaparecidos del EPR. También se ha extendido contra sectores más amplios de la población civil. Encubierto ahora con el mote de que se trata de “levantones” a cargo del crimen organizado. Falso. La mayoría de esos “levantones” son realizados por uniformados y en realidad son desapariciones forzadas. Tampoco es cierto que la mayoría de esas desapariciones sea de personas ligadas al narcotráfico. Tengo testimonios de muchas víctimas inocentes no solamente de Ciudad Juárez, de estados como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León en una plaga que se extiende gravemente.

El gobierno dice que las muertes civiles son el menor de los casos, víctimas de los “daños colaterales” y otra voces dicen que hay que regular la actuación de los militares para que no cometan “errores”. Lo que está ocurriendo no son “errores humanos” de algunos militares. Es una política implementada desde el inicio del sexenio por la debilidad de un gobierno sin legitimidad y ahora asesorada y apoyada por las agencias norteamericanas. No hay soluciones intermedias. El ejército debe regresar a los cuarteles. Las violaciones a derechos humanos cometidas por la ilegal decisión de sacarlo a la calle a labores policiacas y a esta “guerra” deben ser sancionadas, hacerse justicia a tantísimas víctimas.

La otra cara de la moneda que muestra la continuidad represiva en este sistema es la criminalización de la protesta social. A nuestro histórico grito por la libertad de los presos políticos estos gobiernos quieren responder de que en México no hay presos políticos porque mañosamente les imponen cargos y delitos inventados. Para nosotros tratándose de activistas y militantes de movimientos sociales y de oposición que son encarcelados acusándoles de crímenes diversos, se trata sin embargo de presos políticos. Este camino lo iniciaron con los presos de Atenco al acusarles de privación ilegal de la libertad lo que ha permitido que Nacho del Valle y sus compañeros estén sentenciados a más de 100 años de cárcel, una sentencia que jamás ha recibido algún real secuestrador. Lo hicieron también con las indígenas presas en Querétaro acusadas de secuestrar a agentes de la AFI. Lo están haciendo en el proceso contra Sara López y sus compañeros presos en Campeche que se oponen a las altas tarifas de la luz de la CFE y que también so acusados de secuestro. Hace unos días lo han vuelto a hacer con compañeros de Oaxaca que también son parte del Movimiento de Resistencia contra las tarifas de la luz de la CFE.

Estas formas de criminalización las extienden en la represión a movimientos sociales que se oponen a los planes privatizadores y neoliberales del gobierno. Ahora hablan, para desconocer la heroica huelga de más de dos años de los mineros de Cananea (paralela a la de Taxco y Sombrerete), a causas de “fuerza mayor” y a daños en las instalaciones imputables a los trabajadores, así como quisieran extender el argumento para justificar la injustificable liquidación de la Compañía de luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 40 mil trabajadores afiliados al SME.

Es por lo anterior que no confiamos en gestos y declaraciones parciales como las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos. Por supuesto que es un éxito el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y el valor otorgado a los acuerdos internacionales en esta materia, pero se olvida que al mismo tiempo varios de esos derechos han venido siendo vulnerados con otras reformas previamente aprobadas, como las de la llamada reforma judicial que incluyen la práctica del arraigo a la que nos opusimos en su momento y que día con día se convierte en una plaga. Recuerdo que les advertí a legisladores de varios partidos que estaban aprobando instrumentos persecutorios y violatorios de derechos, unos cuantos meses antes de que, por ejemplo, presidentes municipales de todos esos partidos fueran acusados arbitrariamente y arraigados durante semanas alrededor de las elecciones del 2009 para salir después casi sin el “usted disculpe”. La reforma actual quita la discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto al artículo 33, pero mantiene incólume el fuero militar que sirve todos los días para solapar las violaciones cometidas bajo la militarización del país. La reforma pone condiciones a la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo, pero en la práctica se mantiene la militarización del país que ya en varias regiones es prácticamente la instalación de un estado de excepción”.

El sombrío panorama que tenemos enfrente es el que 35 años después nos obliga a continuar la lucha, pero no nos ensombrece, no nos quita la alegría de vida ni nos sume en el pesimismo. Somos optimistas porque nuestro reclamo crece en la sociedad, porque crecen los movimientos sociales de resistencia y lucha, pese a las adversas condiciones, porque nuevas generaciones de activistas y luchadores se incorporan y nos sustituyen, especialmente a las que el fin de su ciclo vital las llevó orgullosas de haber cumplido su deber como madres aunque insatisfechas por no haber alcanzado la justicia. Sabemos que así como logramos, después de nuestra huelga de hambre en 1978, una ley de amnistía, así como logramos la libertad de tantos presos y desaparecidos, la persistencia, la continuidad en la lucha, la insistencia en la unidad, la insistencia en que los movimientos sociales, todos, deben incluir en su programa también el respeto a los derechos humanos, la libertad de presos y desaparecidos y contra la represión, sabemos que tarde o temprano lograremos la justicia.

En otras latitudes pensaron que los acuerdos entre partidos con el régimen violador de derechos humanos, sacrificando a los derechos humanos y la justicia ante la represión, en aras de la “transición democrática”, aprobando amnistías “para ambos lados”, leyes “del perdón, del olvido o del punto final”, después de años están haciendo crisis y el reclamo de justicia vuelve a abrirse paso. El pasado se hace presente, nuevamente. No importa cuántos años pasen.

Por eso tenemos confianza en la lucha, no desmayamos, no claudicamos y no conciliamos.

ROSARIO IBARRA

Pareja lésbica queretana lucha por la custodia de su hija en Canadá

México DF – (Notiese)

Cristal y Sheila son pareja desde finales de 2006. En 2008, se enfrentaron a la homofobia institucional en el estado de Querétaro. El juez interino tercero familiar, Carlos Maya García, determinó quitarle a Cristal la custodia de su hija, Alexa, entonces de tres años de edad, debido a la “inadecuada relación” que sostenía con Sheila.

En la resolución de cambio de custodia se expone la “urgencia” de este procedimiento, pues Cristal pone en “riesgo total” la integridad y el “desarrollo físico y mental” de la niña, esto al “crearle un conflicto en su naturaleza sexual”. Con base en dos “exámenes psicológicos”, que son en realidad cuestionarios hechos a dos psicólogas que nunca conocieron a Alexa, el juez determinó que “es el ambiente homosexual el que perjudica a la menor y aumenta sensiblemente el riesgo de que ésta también lo sea”.

Ante este veredicto y mal asesoradas por un abogado, quien les dijo que “hicieran lo que tuvieran que hacer”, Sheila y Cristal sacaron a la niña del país. Hoy viven en Montreal, Canadá, y están a la espera de cuando menos dos importantes resoluciones legales: la custodia compartida de Alexa y el refugio que les permita residir en ese país.

Violencia intrafamiliar e impunidad

Cristal Aguilar Mejía y Sheila Carreón Soto se conocieron cuando la primera todavía estaba casada con Luis Alberto Manzanares Vidaur, padre de su hija. Según narró Sheila, conoció al entonces matrimonio en un bar gay de Querétaro y se presentaron como amigos.

Comenzó a salir con Cristal y a visitarla en su casa, donde Luis Alberto platicaba sobre una supuesta novia. Semanas después, cuando las mujeres ya habían iniciado su relación, Sheila se enteró de que Cristal y Luis Alberto eran esposos. “Me puse muy mal y le dije que no quería saber nada más de ella. Entonces me platicó que su esposo la golpeaba y la amenazaba con quitarle a su hija”.

La noche del 29de noviembre de 2006, luego de que Luis Alberto enterara a la familia de Cristal sobre su relación lésbica, la golpeó brutalmente. “Me llamó a las 7 de la mañana. Llegué y la encontré toda golpeada; también la violó”, recuerda Sheila. Por esta agresión se levantó la constancia de hechos IV/CH/1734/2006.

No fue ésa la primera vez que Luis Alberto atacó a Cristal. Según testimonios presentados ante la autoridad judicial, desde que se enteró del embarazo y durante su matrimonio, él la golpeaba y la obligaba a tener relaciones sexuales.

Al contestar por escrito a la denuncia por lesiones, Luis Alberto negó haber golpeado a su esposa e hizo hincapié en que entre los testigos de ella se encontraba Sheila, quien “en realidad es novia-amante de la que se dice insultada, misma que me confesó la existencia entre ellas de una ‘relación de pareja’ sadomasoquista”.

En abril de 2008, la agente del Ministerio Público Carolina Sánchez Morales consideró que no existían elementos suficientes para una acción penal en contra de Luis Alberto Manzanares, pues la declaración de Cristal “no se corrobora con medio de prueba alguno”, por lo que no había certeza de que las lesiones hubieran sido causadas por su esposo.

En charla telefónica, Cristal descarta que su relación con Sheila haya sido un factor para no atender su denuncia. “Él era policía de Tránsito, tenía amigos, contactos. Desde que yo denuncié no se hizo nada porque él mostró quien era, empezó a meter papeleo, a buscar la misma gente que trabajaba con él”.

Mala asesoría, malas decisiones

Fue Luis Alberto quien interpuso la demanda de divorcio necesario 44/2007, pero Cristal solicitó que antes de autorizar visitas a la hija de ambos se tomara en cuenta que él no cumplía con la obligación de mantener a la niña.

Como lo prevé la fracción V del artículo 264 del Código Civil de Querétaro, siendo Alexa menor de 7 años permaneció con su madre, quien tenía su custodia aunque la patria potestad era compartida. No obstante, el padre interpuso una denuncia por corrupción de menores, acusando a Cristal de descuidar a la niña, de inculcarle un rol masculino y de obligarla a llamar “papá” a Sheila.

El 31 de diciembre de 2007, Luis Alberto recogió a Alexa para su convivencia autorizada y ya no la regresó. Fueron 22 días los que Cristal no supo nada de su hija, por lo que decidió llamar a Luis Alberto y pedirle que se vieran; adujo que quería volver con él. Se encontraron en un centro comercial. Forcejearon y finalmente Cristal pudo salir con Alexa en brazos, gracias a que la gente que estaba en el lugar intervino. De inmediato salieron de Querétaro y cambiaron varias veces de ciudad en los estados de Guanajuato y Veracruz. Sheila permaneció en su ciudad y le hizo creer a la familia de Cristal que su relación había terminado.

“El abogado que teníamos nos recomendó salir de la ciudad y no contestar la demanda de cambio de custodia”, narra Sheila. “Cuando hablaba con él me decía: ‘yo la veo muy complicada, haz lo que quieras hacer, si quieres cambiarle el nombre a la bebé, si te quieres ir, haz lo que tengas que hacer’”. Así que contactó a sus amistades en Vancouver, Canadá, donde había estado en 2003, y le comentaron que “el abogado aquí en Canadá sabe que Alexa no va a salir con su primer acta de nacimiento, dice que pueden entrar así al país”. El abogado de Querétaro alentó: “si lo vas a hacer, hazlo, de plano”.

Así, el 15 de septiembre de 2008, con una nueva acta de nacimiento, Alexa y su madre viajaron a Montreal. Sheila se quedó en Querétaro a reunir documentación para que aquéllas solicitaran refugio en Canadá (Sheila lo había pedido en 2003 y le fue negado). De esta forma, se acercó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde una asesora legal le preguntó si sabía que cometieron un delito que no alcanza derecho a fianza. “Le dije que si yo hubiera sabido, de verdad, no lo hacemos”. Cristal podría ser acusada de sustracción de menores por ser la madre de Alexa, pero Sheila, al no tener ninguna relación jurídica con la niña, sería señalada por secuestro. “El abogado nunca nos advirtió de las consecuencias a nivel penal”.

A la expectativa

El 23 de septiembre de 2008, con la menor y su madre fuera del país, el Tribunal Tercero de lo Familiar de Primera Instancia de la capital de Querétaro determinó el cambio de custodia de Alexa a favor de Luis Alberto Manzanares. Incluso, se apeló a la excepción del artículo 264, fracción V, del Código Civil, que establece que los menores de siete años deben estar con su madre “salvo peligro para (su) normal desarrollo”.

A pesar de haberse enterado de que su hija estaba en Canadá, Luis Alberto no hizo ningún intento por buscarla allá. Al cabo de un año, interpuso una demanda apelando al Convenio de La Haya, el cual tiene como objetivo “asegurar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos ilícitamente en cualquiera de los países” firmantes y que los derechos de custodia vigentes en el país de origen sean respetados en las demás naciones.

Actualmente, Sheila y Cristal tienen abiertos cinco procesos legales en Canadá, entre ellos la solicitud de refugio para la niña y su madre biológica, la solicitud de la llamada residencia “Humanitaria y por compasión” para Sheila, y la custodia permanente de Alexa, aunque hasta ahora ganaron la custodia temporal.

“Todo lo que hicimos fue por miedo e inseguridad de las autoridades”, aseveró Sheila. Cristal coincide: “Ahora lo que importa es que estamos en un país donde nos protegen las leyes, donde sí podemos alzar la voz sin ocultar la familia que somos, ha cambiado la visión que teníamos antes de solamente correr y sobrevivir”.

Organizaciones civiles exigen a legisladores destitución de Ombudsman de Querétaro

Trabajadoras sexuales aseguran que las ha llamado sidosas y les ha negado su apoyo.

Por: Guadalupe Arcos

miércoles 14 de abril de 2010, actualizado Abril 14, 2010

Querétaro, 14 Abr 10.- Durante la sesión de pleno en el congreso local, representantes de las organizaciones civiles que han estado exigiendo la destitución del Ombudsman queretano, Adolfo Ortega Osorio, arribaron a la sede legislativa para manifestar su molestia luego de que sus denuncias han sido ignoradas también por los nuevos gobiernos.

Mónica Mendoza representante de la organización Mujer Libertad A.C. lamentó que en el poder legislativo no hayan escuchado sus denuncias en contra de Ortega Osorio, específicamente en la comisión de Derechos Humanos del Congreso local en donde la diputada presidenta María García los recibió 4 meses después de que ellos se acercarán a plantearle la situación.
"Están del lado del Ombudsman o sea no les interesa lo que está pasando no hay resultados y aun así se está gastando muchísimo dinero, es mucho el dinero que se gasta en derechos humanos, cuando no tienen la eficiencia que debería de tener, las recomendaciones que debería haber y que este señor sigue ahí o sea que a ellos les conviene que este de su lado"; manifestó.
La representante de trabajadoras sexuales de la capital queretana dijo que las quejas en contra del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) son las mismas de siempre y no se ha hecho nada por ninguna de las administraciones.
"En el caso de nosotras no hay una queja hacia la secretaria de salud por las tarjetas de control sanitario que violaban los derechos de las y los trabajadores sexuales, de las patrullas que llegan y amedrentan el cliente y lo extorsionan retirando los clientes del área y extorsionándolas en la siguiente esquina"; indicó.
Y es que asegura que las extorsiones de parte de los policías en contra de las trabajadoras sexuales son recurrentes y se habla de hasta 10 casos por semana, abusos que dijo han sido denunciados ante la CEDH y el titular de dicha dependencia en lugar de revisar el caso insulta a las sexoservidoras.
"No se va a quitar el dedo del renglón, a mí en lo personal el señor delante de mis compañeras me dijo que el no iba a estar parado junto de una sidosa o un sidoso, Adolfo sí, y se lo digo en su cara, así me lo dijo, inclusive una compañera le contesto que para eso se utilizaba el condón y contestó que el utilizaba bolsas de bimbo"; aseguró.
En este sentido las organizaciones civiles indicaron que no quitarán el dedo del renglón e irán hasta las últimas consecuencias hasta que sea removido Adolfo Ortega Osorio de la CEDH.

Diario Rotativo de Querétaro

En el DF ya abortaron 71 mujeres de Guanajuato

En Guanajuato está prohibido, excepto en caso de violación o malformación del feto.

León, Gto.

Al Distrito Federal han acudido 71 mujeres de Guanajuato a practicarse un aborto en hospitales autorizados, después de que se despenalizó el aborto.
Tras las reformas al Código Penal del Distrito Federal, el 25 de abril de 2007, cuando se permitió la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en ese año tres mujeres guanajuatenses acudieron a la capital a abortar.
Los casos van en aumento.
Pero un año después, en 2008 la cifra de mujeres de esta entidad que fueron al DF llegó a 34. Y el año pasado sólo se registraron 29 casos de interrupción y en lo que va de 2010, van sólo cinco mujeres que acuden allá a practicarse un aborto.
En Guanajuato se aprobó en 2009, la llamada por sus críticos como la ‘Ley Antiaborto’.
Esta reforma a la constitución local garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Aquí en el estado el aborto es punitivo con excepción de violación y de malformación del bebé.
El jefe estatal del PAN en Guanajuato, Fernando Torres Graciano, aseguró que en el estado la mayoría de las mujeres son de ideología conservadora, y que ahora lo que se tiene que hacer es trabajar con los jóvenes para concientizarlos de respetar la vida.
“Es una decisión que queda en el ámbito de la vida personal, nosotros hemos mantenido la defensa de la vida, porque es un tema que la sociedad guanajuatense, lo cree y lo ve bien. Y por otro lado, aquí en Guanajuato nosotros estamos como partido a favor. Insisto en que el reto es romper tabúes y que se dé una mayor formación con los jóvenes”, señaló.
Otros estados de los que han salido mujeres a abortar son Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.
MILENIO publicó ayer que de las clínicas y los hospitales de la capital, han practicado un total de 38 mil 126 legrados del D.F y Estado de México, además de otros 10 estados.
Setenta y ocho por ciento de las mujeres que recurrieron a esa práctica radican en el Distrito Federal, 20 por ciento en el Estado de México y dos por ciento en el resto de la República. Esto significa que una de cada cinco solicitantes son mexiquenses.
En 2007 se realizaron 4 mil 799 interrupciones legales de embarazo; en el siguiente año, esta cifra se triplicó al llegar a 13 mil 404 prácticas realizadas, es decir, 279 por ciento más.
En tanto, la Secretaría de Salud del Distrito Federal informó, a través de una solicitud de transparencia, que tan sólo el año pasado el número de legrados se disparó a 16 mil 475, y hasta marzo de 2010 ya se tienen registrados 3 mil 448 casos de mujeres que decidieron por esta opción.

Querétaro tipifica violencia familiar como delito

Cambios en la ley El diputado Juan Fernando Rocha votó a favor de crear los nuevos delitos (Foto: Juan José Arreola EL UNIVERSAL )

Aparte de otorgar sanciones a los crímines de género, también se pretende reformar la ley sobre la práctica del aborto para castigarlo

Juan José Arreola / Corresponsal

El Universal
QUERÉTARO, Qro. Domingo 04 de abril de 2010

Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 56 legislatura aprobaron la tipificación de los delitos de violencia de género y discriminación.

Además, los legisladores queretanos votaron favorablemente reducir la pena, hasta en una tercera parte, a las mujeres que al haber abortado, voluntariamente se sometan a un tratamiento de atención médica integral.

Presidida por el diputado Luis Antonio Macías Trejo, los integrantes de la comisión acordaron reformar el artículo 142 bis del Código Penal, a fin de sancionar la violencia de género.

La propuesta de cambio aceptada, establece que "al que ocasione o promueva la violencia psicológica, física, sexual o patrimonial en contra de una mujer u hombre, por su pertenencia a un género, se aplicará pena de tres meses a tres años de prisión".

En la misma sesión, también votaron a favor de establecer una pena de uno a tres años de prisión, o de 25 a 100 días de trabajos a favor de la comunidad y de 50 a 200 días multa a quien incurra en acciones de discriminación.

Se especifica que en el caso de que el responsable de este comportamiento sea un servidor público, se le aumentará hasta en una mitad la pena prevista anteriormente y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo.

La enmienda estipula que se sancionará a quien "por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, discapacidad o estados de salud realice conductas como incitar al odio o a la violencia, niegue un servicio a cualquier persona, excluya a alguna persona de un grupo, o niegue derechos laborales".

Reviven sanción por aborto

Entre los artículos del Código Penal que los diputados acordaron reformar, se encuentra el 139, que tiene que ver con la práctica del aborto.

La enmienda indica que "tratándose de la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, el Juez podrá aplicar hasta una tercera parte de la pena prevista", cuando ésta se someta a una atención "médica integral".

Se contempla, para tal efecto, que el juez evalúe el estado de salud de la madre, su instrucción y condiciones personales, las circunstancias en que se produjo la concepción, el tiempo que hubiese durado el embarazo, el desarrollo y las características del producto.

Los integrantes de la comisión, los diputados Luis Antonio Macías Trejo, Fabián Pineda Morales, Marcos Aguilar Vega, Dalia Xóchitl Garrido Rubio y Juan Fernando Rocha Mier, acordaron turnar sus resoluciones, a fin de que sean sometidas a votación en el próximo pleno del congreso queretano.

elc

Impiden en Quintana Roo que aborte niña de 10 años violada por su padrastro

Rosa Santana

CHETUMAL, Q. Roo, 31 de marzo (apro).- Embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a que la tenía sometida su padrastro, una niña de 10 años, que actualmente está “bajo la protección” del DIF, fue condenada a ser madre a esa edad ante la imposibilidad legal para recurrir al aborto.

La diputada María Hadad Castillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso estado, argumentó que la pequeña, originaria de Robirosa, una comunidad rural ubicada al sur de Quintana Roo, al tener ya casi cuatro meses de gestación queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto, que en el caso de violación es hasta los 90 días.

Añadió que tampoco se quiere poner en peligro la vida de la menor al someterla a una intervención quirúrgica.

“Es decir, que si esta niña tiene casi 4 meses de embarazo la ley no permite, de ninguna manera, que sea sometida a un aborto, precisamente porque la ley lo impide; tendría que estar en riesgo la vida de la niña, producto de ese embarazo, para que los médicos pudieran tomar una decisión”, comentó.

La legisladora señaló que eso quedó asentado en los estudios que realizaron las autoridades del DIF estatal, las cuales tomaron bajo su custodia legal a la menor “para evitar un mayor daño y que pueda ser revictimizada (sic) por los medios de comunicación” al dar conocer su identidad.

Admitió lo delicado de la situación de la menor, que padece “de origen la victimización (sic) de haber sido objeto de una violación, luego la victimización (sic) de que va a tener que ser madre a los 10 años de edad, si llega al final su embarazo; y en este momento está siendo revisada por los médicos bajo la custodia del DIF, que la está protegiendo”.

Comentó que el responsable de la violación y el embarazo puede ser castigado hasta con 30 años de prisión, pero con la agravante de ser familiar de la víctima, la pena podría llegar a 45 años, lo cual, adelantó, será solicitado formalmente por los diputados ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte, la directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado, Martha Medina Lozano, dio a conocer que Isaac Santiago Martínez, el padrastro de la menor, ya fue detenido.

“En este caso, la pena de prisión puede llegar hasta los 45 años, situación que le hemos precisado al juez penal, precisamente por la naturaleza de que se trata de un delito grave”, comentó.

Detalló que Santiago Martínez confesó haber sostenido relaciones con su hijastra, aunque alegó en su defensa que fue porque la niña se lo pidió.

“El acusado está confeso, pues dice que la niña voluntariamente aceptó tener relaciones sexuales con él. Según las declaraciones de este sujeto, no es como la niña narra de que fue a la fuerza, intimidándola con amenazas de muerte, pues insistió en que la pequeña fue la que quiso tener relaciones sexuales con él”, dijo la funcionaria.

Explicó que tal argumento no es válido porque una niña de esa edad no está en condiciones de decidir libremente sobre su sexualidad.