La diputada María Hadad Castillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso estado, argumentó que la pequeña, originaria de Robirosa, una comunidad rural ubicada al sur de Quintana Roo, al tener ya casi cuatro meses de gestación queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto, que en el caso de violación es hasta los 90 días.
Añadió que tampoco se quiere poner en peligro la vida de la menor al someterla a una intervención quirúrgica.
“Es decir, que si esta niña tiene casi 4 meses de embarazo la ley no permite, de ninguna manera, que sea sometida a un aborto, precisamente porque la ley lo impide; tendría que estar en riesgo la vida de la niña, producto de ese embarazo, para que los médicos pudieran tomar una decisión”, comentó.
La legisladora señaló que eso quedó asentado en los estudios que realizaron las autoridades del DIF estatal, las cuales tomaron bajo su custodia legal a la menor “para evitar un mayor daño y que pueda ser revictimizada (sic) por los medios de comunicación” al dar conocer su identidad.
Admitió lo delicado de la situación de la menor, que padece “de origen la victimización (sic) de haber sido objeto de una violación, luego la victimización (sic) de que va a tener que ser madre a los 10 años de edad, si llega al final su embarazo; y en este momento está siendo revisada por los médicos bajo la custodia del DIF, que la está protegiendo”.
Comentó que el responsable de la violación y el embarazo puede ser castigado hasta con 30 años de prisión, pero con la agravante de ser familiar de la víctima, la pena podría llegar a 45 años, lo cual, adelantó, será solicitado formalmente por los diputados ante el Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, la directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado, Martha Medina Lozano, dio a conocer que Isaac Santiago Martínez, el padrastro de la menor, ya fue detenido.
“En este caso, la pena de prisión puede llegar hasta los 45 años, situación que le hemos precisado al juez penal, precisamente por la naturaleza de que se trata de un delito grave”, comentó.
Detalló que Santiago Martínez confesó haber sostenido relaciones con su hijastra, aunque alegó en su defensa que fue porque la niña se lo pidió.
“El acusado está confeso, pues dice que la niña voluntariamente aceptó tener relaciones sexuales con él. Según las declaraciones de este sujeto, no es como la niña narra de que fue a la fuerza, intimidándola con amenazas de muerte, pues insistió en que la pequeña fue la que quiso tener relaciones sexuales con él”, dijo la funcionaria.
Explicó que tal argumento no es válido porque una niña de esa edad no está en condiciones de decidir libremente sobre su sexualidad.
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